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La Ley de Presupuesto y el gasto público: ¿en qué gasta el Estado dominicano?
Cómo se construye el Presupuesto General del Estado, cómo ha evolucionado el gasto en educación, salud, deuda y protección social desde 1990, y qué nos dice esa distribución sobre las prioridades reales de la política pública dominicana.
En los dos artículos anteriores de esta serie analizamos el crecimiento macroeconómico de la República Dominicana y las reformas tributarias que han intentado —con éxito desigual— financiarlo. Ahora corresponde una pregunta aparentemente simple, pero con una respuesta muy reveladora: ¿en qué gasta el Estado dominicano el dinero que recauda?
El Presupuesto General del Estado (PGE) es la fotografía más honesta de las prioridades de un gobierno. Más allá de los discursos y las promesas de campaña, el presupuesto dice con números lo que el Estado considera urgente. En la República Dominicana, esa fotografía muestra un país que ha hecho avances reales en educación y protección social, pero que destina una fracción creciente de sus recursos al servicio de la deuda, con consecuencias directas para la inversión pública y la calidad de los servicios ciudadanos.
¿Qué es el Presupuesto General del Estado y quién lo hace?
El Presupuesto General del Estado es la ley anual que autoriza al gobierno a gastar y a endeudarse. No es una sugerencia ni un plan estratégico: es el marco legal dentro del cual el Ejecutivo administra las finanzas públicas durante un año fiscal. Aprobarlo es una obligación constitucional, y corresponde al Congreso Nacional darle o negarle vigencia.
El ciclo presupuestario en la República Dominicana tiene cinco etapas formales. Primero, la formulación: entre mayo y septiembre, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) coordina con cada ministerio e institución sus estimaciones de gasto. Segundo, la presentación: el Poder Ejecutivo deposita el proyecto ante el Congreso a más tardar el 1 de octubre. Tercero, la aprobación: el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o rechazar el proyecto. Cuarto, la ejecución: el gobierno gasta conforme al presupuesto aprobado durante el año fiscal. Quinto, la evaluación: DIGEPRES publica informes mensuales, trimestrales y anuales de ejecución. Si el presupuesto no se aprueba a tiempo, la Constitución establece que se prorroga el del año anterior.
📌 Un dato que pocos conocen: el presupuesto formulado vs. el ejecutado
En la República Dominicana existe una brecha histórica entre el presupuesto que el gobierno aprueba y el que realmente ejecuta. En algunos años, sectores como salud e infraestructura han ejecutado apenas el 70-80% de lo asignado, mientras el servicio de la deuda —que tiene carácter obligatorio— siempre se ejecuta al 100% o más, con modificaciones presupuestarias en el camino.
Para 2025, la ejecución acumulada en el primer semestre fue de RD$755,033 millones, representando el 47.4% del presupuesto anual aprobado, con una variación interanual negativa del 1.0% respecto a igual período de 2024, según la Política Presupuestaria 2026 publicada por DIGEPRES.
Cómo se distribuye el gasto: lo que dicen los números
Entender el presupuesto dominicano requiere distinguir dos clasificaciones del gasto. La clasificación funcional pregunta: ¿a qué sector va el dinero? (educación, salud, deuda, defensa). La clasificación económica pregunta: ¿en qué tipo de gasto se usa? (sueldos, inversión, transferencias, intereses). Ambas juntas ofrecen el retrato completo.
Distribución funcional estimada del gasto · PGE 2025 (% del total devengado)
Estimación basada en DIGEPRES, Ley 80-24 y Política Presupuestaria 2026. El desglose exacto varía por reformulaciones durante el año.
Los cuatro sectores que definen el presupuesto dominicano
1. Educación: el logro más visible
La asignación del 4% del PIB para educación es, sin duda, la transformación presupuestaria más importante de las últimas décadas. Aprobada mediante la Iniciativa Ciudadana "4% para la Educación" tras años de movilización social, se convirtió en mandato legal con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En 2024 esa asignación ascendió a RD$297,041.5 millones para el MINERD, con recursos adicionales para la educación superior.
Sin embargo, el debate legítimo no está en el monto sino en la calidad del gasto. Las evaluaciones nacionales e internacionales —incluyendo las pruebas PISA-D— indican que la RD tiene déficits importantes en comprensión lectora y matemáticas. Gastar más no ha significado automáticamente aprender más, lo que señala problemas estructurales en la gestión, la formación docente y la infraestructura pedagógica, más que en la cantidad de recursos asignados.
2. Servicio de la deuda: el gasto que no beneficia a nadie directamente
El segundo renglón en importancia del presupuesto dominicano —y el que crece más rápido— es el servicio de la deuda pública: el pago de intereses y amortizaciones de los préstamos que el Estado ha contratado. Este gasto es obligatorio por ley y por contrato. Si el gobierno no paga, enfrenta consecuencias legales, degradación de su calificación crediticia y encarecimiento de futuros financiamientos.
El problema estructural es que el servicio de la deuda compite directamente con el gasto social e inversor. Cada peso que va a intereses es un peso que no va a un hospital, una carretera o una escuela. Y esa presión seguirá creciendo mientras la deuda como porcentaje del PIB no se reduzca. Este tema se analiza a fondo en el artículo 4 de esta serie.
3. Protección social: el sistema Supérate y sus alcances
La protección social dominicana se articula principalmente en torno al programa Supérate, que agrupa las transferencias condicionadas a hogares vulnerables —el anterior Solidaridad— bajo una ventanilla única. Para 2025, el presupuesto mantiene la cobertura de millón y medio de familias como beneficiarias de este programa. La finalidad declarada es reducir la pobreza multidimensional y proteger la capacidad de consumo de los hogares más expuestos a los shocks económicos.
El debate sobre la efectividad de estas transferencias es legítimo y multidimensional. Por un lado, los datos del Banco Mundial y el SIUBEN muestran reducciones en la pobreza extrema desde la implementación de las transferencias condicionadas. Por otro, investigadores y organismos independientes señalan que el programa tiene debilidades en focalización, que hay beneficiarios que han salido de la pobreza pero siguen recibiendo la transferencia, y que el gasto en protección social tendría mayor impacto si se complementara con más inversión en empleo formal y capacitación laboral.
4. Salud: el sector que más sufre la brecha entre lo aprobado y lo ejecutado
Salud es quizás el sector donde la diferencia entre el presupuesto formulado y la realidad de los servicios es más evidente para la ciudadanía. Los hospitales públicos dominicanos enfrentan problemas crónicos de suministro de medicamentos, equipamiento deficiente y condiciones laborales precarias para el personal sanitario. El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) absorben recursos importantes, pero la fragmentación del sistema —entre el subsidio a la oferta y el financiamiento de la demanda— genera ineficiencias.
Para 2025, el gobierno reformuló el presupuesto incluyendo recursos adicionales para salud, con énfasis en el mejoramiento de centros de atención primaria y el apoyo a la reforma policial en materia de salud ocupacional. La Revisión del Gasto Público elaborada por el Banco Mundial ya había señalado que la RD necesita mejorar la eficiencia del gasto en salud, no necesariamente aumentar su volumen absoluto.
La evolución del gasto: de 1990 a hoy
Comparar el gasto público dominicano de 1990 con el de 2025 es casi comparar dos países distintos. En 1990, el presupuesto del Estado era equivalente a apenas unos US$800 millones en términos reales, la educación recibía menos del 2% del PIB, y la protección social organizada era prácticamente inexistente. Hoy el PGE supera RD$1.48 billones (aproximadamente US$25,000 millones) y tiene estructuras formales de evaluación, transparencia y participación ciudadana que no existían hace tres décadas.
| Período | Característica principal del gasto | Educación (% PIB) | Hito clave |
|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Gasto mínimo, infraestructura básica | <2% | Reformas de apertura económica; gasto social reducido |
| 2000–2009 | Expansión y crisis bancaria | ~2.5% | Costo del rescate de Baninter equivale al 20% del PIB; reorientación forzada del gasto |
| 2010–2019 | Crecimiento del gasto social; Ley 1-12 | 4% (mandato legal desde 2013) | Pacto educativo; ampliación de la cobertura escolar; inicio de la tanda extendida |
| 2020–2025 | Pandemia, rebote y presión de deuda | 4–4.1% | PGE 2025: RD$1.48 B; Ley de Responsabilidad Fiscal; déficit 3.0–3.1% del PIB |
Fuentes: DIGEPRES, Ministerio de Hacienda, MEPYD, CEPAL.
El presupuesto como espejo de las prioridades políticas
Hay una reflexión de fondo que esta serie intenta sostener a lo largo de cada artículo: la economía no es una ciencia aséptica. Las decisiones sobre en qué gastar el presupuesto son decisiones políticas, y como tal tienen ganadores y perdedores. Cuando el servicio de la deuda crece como porcentaje del presupuesto, los perdedores son los usuarios de los hospitales públicos, los maestros sin pupitres en sus aulas y las comunidades sin agua potable. Cuando las exenciones fiscales favorecen a sectores específicos, los perdedores son los ciudadanos comunes que pagan el ITBIS en cada compra del supermercado.
"El presupuesto no es un documento técnico. Es la expresión más concreta de quién manda y a quién sirve el Estado. Todo lo demás es retórica." — Síntesis editorial · El Ser en Círculo, basado en análisis del CREES y el Banco Mundial
La RD ha avanzado en transparencia presupuestaria: la International Budget Partnership (IBP) ubicó al país en el primer lugar de América en participación ciudadana en el presupuesto, y cuarto a nivel mundial en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023. Eso es un logro genuino. Pero transparencia no equivale a eficiencia, y eficiencia no equivale a justicia en la distribución.
El déficit fiscal: la diferencia que importa
En todo presupuesto hay una ecuación fundamental: ingresos menos gastos = resultado fiscal. Cuando los gastos superan los ingresos, el resultado es negativo: déficit. Cuando los ingresos superan los gastos, hay superávit. La República Dominicana ha operado con déficit fiscal de manera consistente en las últimas décadas, financiándolo mediante deuda pública.
Para 2024, el país cerró con un déficit fiscal de 3.1% del PIB y, simultáneamente, logró un superávit primario de 0.4% del PIB. Esta distinción es importante: el superávit primario significa que, excluyendo el pago de intereses de la deuda, el Estado gastó menos de lo que recaudó. Es una señal de responsabilidad fiscal, aunque no elimina el déficit total porque los intereses siguen siendo una carga obligatoria.
Inversión pública: la distribución territorial que nadie ve
Uno de los problemas estructurales del gasto público dominicano que menos atención recibe es su concentración territorial. Según el Banco Mundial, la información sobre distribución del gasto por provincias es escasa y fragmentada: el gobierno no clasifica ni publica de forma sistemática cómo se distribuye el gasto total entre regiones. Lo que sí se sabe, por datos de inversión pública, es que Santo Domingo y el Distrito Nacional concentran históricamente la mayoría de los recursos: en el primer semestre de 2024, Santo Domingo concentraba el 45.62% de los fondos devengados y el Distrito Nacional el 9.57%.
Esto tiene implicaciones directas para el desarrollo regional. Las provincias del sur, el nordeste y las zonas fronterizas reciben proporcionalmente menos inversión pública por habitante, lo que perpetúa las desigualdades territoriales que el crecimiento del PIB, mirado desde la capital, no refleja.
Recomendaciones · Artículo 03
Ley de Presupuesto y Gasto Público
Para tomadores de decisiones
La transparencia presupuestaria es necesaria, pero no suficiente. El próximo paso es mejorar la eficiencia del gasto: no solo publicar cuánto se asigna, sino rendir cuentas de cuánto se ejecuta y con qué resultados medibles.
La concentración territorial del gasto en el Gran Santo Domingo requiere políticas explícitas de equidad territorial, con asignaciones protegidas para las provincias con mayor rezago.
Reducir la brecha entre presupuesto aprobado y presupuesto ejecutado en salud e infraestructura es una tarea de gestión pública que no requiere más dinero, sino mejor administración de los recursos existentes.
Para la ciudadanía
El presupuesto es un documento público. La DIGEPRES publica informes mensuales de ejecución en digepres.gob.do. Consultarlos es un ejercicio de ciudadanía activa que cualquier persona puede hacer.
Cuando un político promete "más inversión" en algún sector, pregunta si eso implica un aumento real como porcentaje del PIB o simplemente un aumento nominal que la inflación neutralizará.
La concentración del gasto en la capital no es un fenómeno natural: es el resultado de decisiones políticas y de la debilidad histórica de los gobiernos locales para gestionar recursos propios.
Fuentes consultadas
- Ministerio de Hacienda y Economía — Presupuesto General del Estado 2024 y 2025; Presupuesto Reformulado 2025. hacienda.gob.do
- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) — Informe de Ejecución Físico-Financiero enero-diciembre 2024; Política Presupuestaria 2026. digepres.gob.do
- Presidencia de la República Dominicana — Presupuesto General del Estado 2025: nota de prensa. presidencia.gob.do
- Banco Mundial — República Dominicana: Revisión del Gasto Público. Washington, D.C.: World Bank, 2021.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) — La eficiencia del gasto público en educación y salud en República Dominicana 2003-2013. publications.iadb.org
- International Budget Partnership (IBP) — Encuesta de Presupuesto Abierto 2023. internationalbudget.org
- CREES (Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles) — Análisis fiscal y presupuestario RD. crees.org.do
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) — Ley 1-12: Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. mepyd.gob.do
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